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Referencia bibliográfica

RESUMEN:

Inspectores del Ministerio de Trabajo se van a encargar de vigilar que las empresas de más de 50 trabajadores reserven un 2% de sus puestos de trabajo a personas con algún tipo de discapacidad

Noticia

El Gobierno velará por el cumplimiento de la LISMI

Inspectores del Ministerio de Trabajo se van a encargar de vigilar que las empresas de más de 50 trabajadores reserven un 2% de sus puestos de trabajo a personas con algún tipo de discapacidad.

De esta forma se llevará a la práctica el compromiso expresado recientemente por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que se haga cumplir la ley de integración social de los minusválidos, aprobada en 1982, y que establece que “las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta vendrán obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la plantilla”.

En reciente comparecencia en el Congreso, Mato señaló que se plantea impulsar "un nuevo marco legal de promoción laboral" que supere el de la Lismi.

"No en vano", incidió Mato, "la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad cumple este año treinta años de vigencia y es necesario actualizar el marco normativo en materia de empleo". "Revisaremos todas las herramientas de las que dispone la Administración para incentivar el empleo de las personas con discapacidad", sentenció la Ministra.

A pesar de que la práctica totalidad de las empresas españolas, el 96%, asegura conocer esta ley, sólo un 49% afirman atenerse a ella, aunque la realidad es que únicamente el 33% de los casos la cumple, como ya informamos en esta noticia.

Reducir distancia capacidad / discapacidad

El Ministerio pretende que las personas con discapacidad trabajen en las empresas ordinarias y que se reduzca “la distancia entre la población activa con discapacidad y sin discapacidad”, como asegura el Director General de Discapacidad, Ignacio Tremiño.

Para ello se hará “un esfuerzo para hacer cumplir la ley con inspecciones y coordinación con otros ministerios y los órganos competentes para que se vigile por el cumplimento de la ley”.

Según Tremiño, “no hará falta una Dirección General de Discapacidad el día en que las personas con discapacidad estén normalizadas en el resto de la sociedad, que sean personas que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos”.